GRUPO DE TRABAJO PARA EL USO DE LA PRUEBA CIENTIFICA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN CHIAPAS

Problemática.

Uno de los principales problemas que en el marco de la implementación de la reforma de justicia penal se suscita, es la mala calidad de la evidencia probatoria que se recaba, en la mayoría de los casos en la etapa de investigación inicial, se ofrece en las diferentes fases del proceso,  se depura mediante la exclusión en etapa intermedia, se desahoga en ocasiones en la etapa de investigación complementarias – en vinculación para delitos que ameriten una medida cautelar de carácter personal y en debate de medidas cautelares para prisión preventiva-,  para finalmente reproducirse en la etapa de juicio en dos momentos: el primero de ellos en el juicio mediante su desahogo para identificar la responsabilidad; mientras el segundo, si resulta condenatoria la sentencia, en la audiencia de individualización de sanciones y medidas de seguridad que lleva inmersa la reparación del daño.

Este complejo flujo que recorre la evidencia, y que a lo largo del procedimiento le da la oportunidad de transformarse en prueba, en la gran mayoría de los casos propicia que su calidad sea cuestionable. Los protocolos para obtención y resguardo no son implementados, especialmente por la persona que funge como primer respondiente, la cual debe a pegarse a reglas establecidas que contribuyen a su preservación tal y como lo exigen los protocolos de cadena de custodia. Por ello, si las evidencias se recaban sin tomar en cuenta los estándares en materia de derechos humanos, probidad y lealtad procesal terminará por excluirlas en alguna parte del procedimiento.

Un problema estructural que contribuye a que la evidencia sea de mala calidad es la ausencia de instituciones autónomas e independientes que presten los servicios periciales requeridos para hacer frente a las exigencias de la investigación en una escena del crimen; la ausencia de contratación de peritos especialistas en áreas determinadas ha resultado con la falta de ellos en áreas neurálgicas en las investigaciones que se realizan. Lo mismo sucede en la actuación de las policías al no respetar la capacitación o perfiles de las misma, por lo que la procuración de justicia como actividad dirigida a conducir la investigación, al auxiliarse en los diversos tipos de policías  (comunitarias, ministeriales, de investigación, municipales, estatales y federales) para la obtención de evidencias,  cometen errores que ponen en riesgo la calidad de la prueba.

Otro problema, pero ahora de contenidos, resulta ser la falta de armonización legislativa e institucional que vaya acorde a un sistema de justicia de corte acusatorio adversarial, es el caso de las entidades federativas que están aún utilizando protocolos de investigación obsoletos que no recogen normas tan importantes como las que la reforma constitucional de 2008, 2011 y 2013 trajeron inmersas para un sistema de justicia garantista y construido sobre la base de los derechos humanos.

Los problemas culturales también hacen de las suyas para contribuir a la mala calidad de la evidencia que se reflejan en las practicas que realizan las dependencias de procuración y administración de justicia, las cuales para hacer frente a este sistema que requiere que cada una de las partes juegue un roll integro para poder contribuir al esclarecimiento de los hechos que impacta en la investigación.

           La reforma de 18 de junio de 2008 inició el proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal (SJP) en nuestro país concluyendo apenas este año, agotando el plazo que otorgó el transitorio segundo del decreto que reformó varios artículos constitucionales que institucionaliza la citada justicia.

            El SJP es un proceso integrado por audiencias que aplica como principios básicos la, publicidad, continuidad, concentración, inmediación y contradicción teniendo como característica la oralidad. De igual manera, se debe considerar que dicha reforma modifica el proceso penal como era concebido hasta antes de 2008, siendo parte medular de este cambio, la naturaleza de la investigación al ya no ser dirigida a generar culpables sino esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar los daños que el   delito cause.

Ahora bien, el proceso de implementación indicado abrió la puerta del gran reto que significa institucionalizar un nuevo sistema de castigo al delito, que no se agota en el plazo que se aplicó en el transitorio segundo, La problemática tiene varias aristas y son de carácter multidisciplinario, siendo las más destacadas las siguientes:

  1. Infraestructura: se refiere a las instalaciones para el desarrollo de las audiencias, que determina la actuación de los operadores jurídicos en el proceso (juez, ministerio público, asesor jurídico, imputado, victima, perito, policía, testigos), lo anterior, no se limita a los juzgados sino se amplía a todos aquellos lugares necesarios para que el sistema cumpla con sus fines.
  2. Capacitación: consistente en los aspectos necesarios formativos a los operadores del sistema, que significa no solo la adquisición de las destrezas y habilidades para realizar la función a que se destine sino el proceso de formación que permita alcanzar los fines del SJP.
  3. Normativos: consiste en adquirir los métodos que permitan interpretar la ley conforme a los principios constitucionales del SJP.
  4. Probatorios: Vinculados a la producción, registro, preservación, y reproducción de los datos, medios y pruebas. Es este último caso, se encuentra vinculado al tema de la investigación en el SJP.

Esta última resulta ser la problemática que el presente grupo de trabajo desea ocuparse, es decir, la investigación vinculada al SJP, la cual, deberá considerar varios ámbitos de análisis según los estándares que exige la constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos pueden ser:

  1. Ámbito personal: Se refiere a los operadores del sistema que la propia constitución obliga a realizar la investigación de los delitos, los cuales se encuentran inmersos en la Trilogía Investigadora, compuesta por el ministerio público, peritos y las policías.
  2. Ámbito Material: en este caso se debe optar entre los diversos métodos y sistemas para el estudio y valoración de los aspectos más importantes de la prueba (generación, resguardo, registro y reproducción), que determinen estándares altos de certeza y probidad en el manejo de la misma.
  3. Ámbito normativo: Es la vinculación entre el proceso legal y la investigación criminal que establece consecuencias en el actuar de los operadores jurídicos, aquí se presentan temas como el estándar probatorio en la audiencia inicial, intermedia y de debate, la prueba anticipada, salidas alternas, criterios de oportunidad, reparación del daño entre otros.
  4. Ámbito de Derechos Humanos: específicamente se refiere al tema de la prueba ilícita o en vulneración de derechos humanos, entre otros.

De lo anterior, se puede apreciar que los temas de la investigación en el SJP requieren se tomen en cuenta aspectos criminalísticos, criminológicos, normativos, pedagógicos e institucionales, por ello, la integración de un grupo de trabajo que presente estos temas en la agenda pública de nuestra entidad, permitiría que este sistema logre alcanzar el mayor número de sentencias a partir de la búsqueda de la verdad, la protección del inocente, castigar al culpable y la reparación del daño.

Propuesta.

            Como se expuso en el apartado anterior el tratamiento de la prueba científica en el SJP genera una problemática que incide positivamente en el número sentencias absolutorias, lo que no refleja el correcto funcionamiento del sistema. Es por ello que la propuesta para tratarla es integrar un Grupo de Trabajo con expertos en la teoría y práctica de la prueba científica en el marco del sistema de justicia penal que permita realizar estudios pertinentes y vinculados a la realidad del estado de Chiapas.

            La acción del grupo se propone abarque de manera lógica los siguientes estadios del conocimiento del problema propuesto: diagnóstico, estudio, investigación e institucionalización de los resultados:

  1. Diagnóstico: consiste en la evaluación de los avances en el proceso de implementación, particularmente en la acción institucional de los operadores jurídicos, para ello, se solicitará la participación directa de las instituciones o en su defecto la solicitud de información pública de la operación del sistema penal en el estado de Chiapas, en lo referente a los actores inmersos en la investigación.
  2. Estudio: mediante la aplicación del derecho comparado, jurisprudencia, estudios dogmáticos y teóricos del estado del arte de las temáticas necesarias para tener un panorama del uso de la prueba científica en el procedimiento penal.
  3. Investigación: La indagación de los resultados del funcionamiento del SJP en Chiapas en el periodo de implementación que va del 18 de junio de 2008 al 18 de junio de 2016.
  4. Institucionalización: Los resultados se publicarán en un documento de trabajo o bien se harán llegar a las instituciones participantes.

Los ámbitos disciplinarios serán los siguientes: capacitación, criminalística, derecho probatorio, derechos humanos y práctica legal, que ya fueron debidamente explicados con anterioridad.

Objetivos.

  1. Recomendar el ajuste de planes de estudio de las escuelas o facultades que impartan la licenciatura en criminalística, criminología o derecho.
  2. Recomendar la creación de planes de estudios de especialidades y maestrías que aborden la materia.
  3. Generar conocimiento y proyectos de investigación pertinente en la materia de estudio.
  4. Capacitar a los operadores de justicia en materia de criminalística, criminología, derecho probatorio, SJP, Derechos Humanos y Argumentación, lenguaje corporal y retórica en audiencia para policías, peritos y ministerios públicos.
  5. Crear espacios de reflexión y diálogo entre los operadores del sistema para favorecer las buenas prácticas en el uso de la prueba científica en el SJP.
  6. Generar una política de publicación de escritos de calidad en la materia
  7. Socializar documentos, libros y revistas de circulación nacional e internacional que aborden la materia a policías, peritos y ministerios públicos.
  8. Vincular a la sociedad civil, estudiantes, prensa, sectores sociales e institucionales a los temas del SJP.
  9. Participar y opinar en casos paradigmáticos que se encuentren en resolución en el SJP.
  10. Generar una revista académica especializada en temas de investigación en el SJP.

INTEGRANTES

jacoboDr. Jacobo Mérida Cañaveral Nació en Tapachula de Córdoba y Ordoñez actualmente radica en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, ambas en el Estado de Chiapas. Abogado de profesión egresado de la Facultad de Derecho de la UNACH, Maestro en Derecho Público y Doctor en Estudios Regionales por el Consorcio de Ciencias Sociales y Humanidades. Actualmente se desempeña como Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Derecho de la UNACH y como Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en la ciudad de Comitán de Domínguez.

joseluisMtro. José Luís Gutiérrez Román Es Maestro en Defensa, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Cuenta con un diplomado pos-título sobre Estrategias de Incidencia Jurídica por la Universidad de Chile.

Además, participó en el curso de entrenamiento sobre Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos realizado por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (SIDH), American University Washington College of Law (AUWCL) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Argentina participo en el Curso de entrenamiento sobre las Causas Económicas, Sociales y Culturales de la Tortura, impartido por la Association for the Prevention of Torture (APT).

Sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio cuanta con cuatro diplomados sobre Sistema Acusatorio resaltando el impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Así mismo cuenta con diversos cursos de entrenamiento en técnicas de litigación oral y técnicas avanzadas de contra interrogatorio por The California Wester School of law de San Diego y The National Institute for Tial Advocacy.

anuarDr. José Anuar Arce Lorenzana Originario de Paredón, Chiapas, en la actualidad radica en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Licenciado en Contaduría Pública, egresado del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, S. C.; Licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Valle del Grijalva; Maestro en Derecho Fiscal, Maestro en Constitucional y Amparo y Maestro en Ciencias Penales y Criminologicas, egresado por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF); Maestro en Criminología, egresado del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, S. C.; Doctor en Derecho Público y Doctor en Derecho Penal egresado por la Universidad del Sur; Perito en Grafoscopía, Docuentoscopía, Grafología, Kinésica Forense, Morfopsicologia Criminal, Auditoria Forense y Contable.

jhovaJhovanny de Jesús Reyes Mazariegos, 22 años de edad, originario y residente de la ciudad de San Cristóbal de las Casas del estado de Chiapas, México. Actualmente estudiante del 9° semestre de la Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho C-III de la Universidad Autónoma de Chiapas y estudiante del 9° cuatrimestre de la Licenciatura en Criminología y Criminalística en el Instituto de Formación Académica del Sureste (INFA), en el ámbito profesional ha desempeñado como Observador por parte del Programa Paisano dependiente del Instituto Nacional de Migración y como Auxiliar Jurídico en el Corporativo Jurídico Reyes. Actualmente presta Serivicio Social como Auxiliar de Agente de Atención Inmediata en el Ministerio Público en Turno de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.

almaMtra. Alma Yesenia Peña Hernández Originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es Especialista y Maestra en Proceso Penal Acusatorio y Juicio Oral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con certificaciones en Técnicas de Litigación y Contrainterrogatorio Avanzado por la California Western School of Law en San Diego, California, EU. La Maestra Peña ha ocupado diversos cargos como servidor público, siendo Ministerio Público, Directora encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal en la Policía Federal y actualmente, Defensora Particular y Capacitadora a lo largo y ancho del país.

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